Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
La principal solución que se les ha ocurrido a las autoridades públicas para “resolver” los problemas de la Cañada Real es poner en marcha un Plan Extraordinario de Realojos, que se pretende llevar a cabo en los próximos 10 años (2024-2034), con una inversión de 330 millones.
Sin embargo, esa nueva hoja de ruta no ofrece una solución válida, ni justa. No es válida por muchas razones, ya que los problemas de la Cañada Real son muchos y de diversa naturaleza, pero mencionemos al menos dos que son evidentes: por una parte, el plan prevé realojar a 1.600 familias en esos 10 años, y, sin embargo, ya en el Pacto Regional de 2018 se daba cuenta de que había 2.000 familias en Cañada, y hoy es fácil saber que hay muchas más; y, por otra, la cantidad de 330 millones es claramente insuficiente si realmente se pretendiese realojar adecuadamente a aquellas familias que lo necesitasen y aquellas que lo quisiesen.
Y el plan ofrece una solución injusta por diversos motivos, pero tengamos en cuenta al menos dos: incumple la ley y permite que se continúen violando los derechos humanos de los habitantes de la Cañada Real, manteniéndoles en un entorno torturante.
Además, vulnera directamente la Ley 2/2011 de la Cañada Real Galiana, al realizarse sin la debida participación de los habitantes de la Cañada, como resulta obligatorio conforme a su disposición adicional primera. Y también incumple el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, que suscribieron las correspondientes autoridades públicas en 2017, en donde se reconoce que las personas que ya estuviesen en el censo hecho antes del 31 de diciembre de 2011 tendrían, siempre que fuera posible, el derecho a una vivienda dentro de la propia Cañada.
A oscuras
Y en el plan, además, no se plantea, en ningún momento, la vuelta de la luz a la Cañada Real, que se cortó hace más de 3 años y 8 meses y todavía no ha vuelto para más de 1.200 niños y niñas, incumpliendo lo que explícitamente han exigido que se realice de manera urgente distintos organismos de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y reiteradamente nuestro Defensor del Pueblo. El mantenimiento de esta situación supone, como se explicó detalladamente en el Informe de 2023 del Grupo de Acción Comunitaria, mantener un entorno torturante, que impide que esos niños y niñas puedan disfrutar “de una vida en condiciones de dignidad”, como expresamente reconoció el propio Gobierno en el Real Decreto 1058/2021, de 30 de noviembre.
En esa situación no se puede hablar con propiedad de un plan de realojos que atienda adecuadamente a aquellas familias que pudieran acogerse al mismo, sino que lo que hay es una actuación que más bien parece buscar deshabitar la Cañada con desalojos forzosos, que precisamente están prohibidos por los tratados internacionales suscritos por España, y que podría llegar a constituir un fraude de ley.
