Por Adrián Robledo
La reforma de la Ley de Dependencia se aprobó este 14 de julio en el Congreso de los Diputados con el apoyo de los socios de investidura (PSOE, Sumar, ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu y PNV), la abstención del PP y la negativa de Vox. El voto favorable de la Cámara Baja supone un paso importante en el reconocimiento de la compleja labor que desempeñan quienes cuidan de forma ininterrumpida a familiares en situación de dependencia.
Con motivo del debate parlamentario, la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales se concentró el mismo día frente al Congreso y presentó un manifiesto en el que reclama una serie de medidas que no han sido incorporadas al texto de la reforma. Entre sus principales reivindicaciones figuran el reconocimiento de derechos específicos para las personas cuidadoras, una remuneración vinculada al grado de dependencia y al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la posibilidad de anticipar la edad de jubilación y la creación de recursos alternativos para atender a las personas dependientes cuando el cuidador principal enferme o no pueda continuar prestando los cuidados.
Sin derechos laborales ni remuneración
En la actualidad, los cuidadores familiares carecen de derechos laborales específicos, a diferencia de los profesionales del sector. A pesar de desempeñar una función esencial para el bienestar de miles de familias, la mayoría no recibe ninguna remuneración por su trabajo. Además, la dedicación permanente a los cuidados dificulta o impide su incorporación al mercado laboral, lo que repercute directamente en sus cotizaciones y en la futura pensión de jubilación. «Somos pobres en el presente y en el futuro», afirmó Silvina Funes, presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.
Uno de los aspectos que pretende abordar la reforma es la situación en la que el cuidador principal sufre una enfermedad aguda o crónica que le impide seguir atendiendo a la persona dependiente. Para ello, se está elaborando un plan de contingencia que evite situaciones de desamparo cuando los cuidadores, especialmente aquellos de edad avanzada, ya no puedan asumir esa responsabilidad. «Si a mí me da un ictus y estoy sola en casa, alguien tendrá que asumirlo porque, si no, él estará abandonado», explicó Funes.
La presidenta de la plataforma sostiene que los niveles de estrés que soportan muchas cuidadoras familiares son comparables a los que experimentan los soldados en un contexto de guerra. A ello se suman las lesiones físicas derivadas del esfuerzo continuado de movilizar a personas dependientes. «Yo tengo que cargar con un hijo que es más grande que yo y no hay espalda que lo resista», señaló.
Este colectivo también defiende que el grado de dependencia debe ser el criterio que determine los recursos y apoyos que recibe cada persona. Así, quienes tienen reconocido un grado III requieren atención permanente para realizar las actividades básicas de la vida diaria; las personas con grado II necesitan ayuda para desarrollar algunas de ellas, mientras que las de grado I conservan un mayor nivel de autonomía.
La aprobación de la reforma en el Congreso es un avance considerable en el reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras. No obstante, desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales consideran que el texto sigue siendo insuficiente y reclaman que la clase política continúe impulsando cambios hasta aprobar una legislación que garantice una protección efectiva tanto para quienes cuidan, como para las personas que reciben estos cuidados.
