ROBERTO BLANCO TOMÁS.
En la Asociación de Vecinos de Fontarrón están muy preocupados por algo que detectaron hace ya algunos años y que, lejos de remitir, va in crescendo. Esta vez no hablamos de urbanismo o de desperfectos, sino de algo mucho más serio, por estar relacionado con la salud pública: en un lapso aproximado de diez años, sin haber realizado un estudio detallado pero asumiendo que en este barrio se conoce todo el mundo, se ha registrado una proliferación muy inquietante de distintos tipos de cáncer entre sus vecinos.
Desde la asociación vecinal, dicha tendencia se relaciona con el elevado número de antenas de telefonía móvil presentes en esta zona de Vallecas. Cualquiera que conozca Fontarrón puede hacerse una idea: se trata de un área relativamente reducida, y en ella la asociación tiene localizadas diez antenas, operadas por cuatro compañías: Vodafone, Orange, Movistar y Xfera (Yoigo). Sin ser expertos en telefonía móvil, a cualquiera le parecerá un montón para un territorio tan pequeño, y se preguntará si ello tendrá consecuencias en la salud de sus habitantes y cuáles serán.
El debate sobre los efectos en la salud de las antenas de telefonía móvil siempre ha sido controvertido, amén de desigual: las compañías del sector son fuertes, y han creado un lobby poderoso. Pero parece bastante razonable lo que afirma el profesor Ceferino Maestu, especialista en Bioelectromagnetismo de la Universidad Politécnica de Madrid, quien sostiene que en este caso “la carga de la prueba no la puede tener el usuario; el que tiene que probar que es inocuo es la compañía”, y que ante la duda “debe aplicarse un principio lógico de precaución, exponiendo a la población a los menores niveles posibles”, algo que no parece que se esté haciendo en Fontarrón. Por su parte, Enrique Ríos, abogado de la Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telefonía Móvil, apunta: “Todos los años aumentan los casos de cáncer sin causa aparente; quizá esto tenga algo que ver”.
Estudios
O más que “algo”… El ingeniero alemán Martin H. Virnich, en un estudio titulado Perjuicios y riesgos para la salud por las antenas de telefonía móvil, escribe entre las conclusiones: “Hay un gran número de descubrimientos fundados de investigaciones sobre grupos de población afectados y experimentos con animales que indican un efecto cancerígeno de los campos electromagnéticos de alta frecuencia, como en el caso de la telefonía móvil. Experimentos de cultivo celular mostraron un indicio claro del efecto genotóxico de esos campos, como roturas de ADN y daños en los cromosomas, por lo que no se pueden descartar los efectos cancerígenos. También son relevantes los resultados que demuestran el potencial cancerígeno de los campos de telefonía móvil y sus efectos en la transformación, multiplicación y comunicación celular, además de en otros procesos como la síntesis de proteínas y la actividad enzimática”.
También, en el Informe BioInitiative 2012, 29 científicos y expertos en salud independientes revisaron 1.800 estudios, concluyendo que “existía evidencia de crecientes riesgos para la salud de los campos electromagnéticos y las tecnologías inalámbricas”. Entre las conclusiones de dicho informe se indica que en estos estudios se ven consecuencias nocivas ante una exposición, incluso mínima, a campos electromagnéticos como el de la pérdida de la capacidad de reparación del ADN en células madre humanas, neurotoxicidad en humanos y animales, impacto en la morfología y la función de los espermatozoides o efectos sobre el comportamiento de la descendencia, entre muchos otros. Pero esto no parece inquietar al Gobierno español, que actualmente “permite emitir con unos índices de contaminación electromagnética 4.500 veces superiores al límite que sugiere el organismo europeo para proteger la salud de las personas”, según denuncia la FRAVM. Así que, por más que no le inquiete al Gobierno, es perfectamente comprensible que en el barrio estén preocupados por esta cuestión, como nos confiesa Mari Carmen, presidenta de la asociación vecinal. Porque las casualidades no existen, los casos de vecinos de la zona a los que se detecta cáncer van en aumento, y llama la atención que todos o la mayoría estén localizados dentro de los márgenes del barrio.
Hablamos con Saquina, una de estas vecinas, de 32 años de edad, que nos cuenta su caso: “vivo en Fontarrón de toda la vida, y mi bloque está especialmente afectado por esta situación: son cuatro pisos, ocho viviendas, y van ya nueve personas con cáncer. De momento han fallecido tres, todos del cuarto piso. Luego siguieron apareciendo nuevos casos por los terceros, donde vivo yo, de distintos tipos: de páncreas, de testículos… A mí me operaron y me quitaron un quiste cancerígeno con dieciocho años. Desde entonces he seguido haciéndome pruebas, y ahora, en febrero de este año, me detectaron cáncer de útero, y estaban contaminados también los ganglios linfáticos. Hubo que operar, y ya no puedo tener hijos. Creo que, en una comunidad tan pequeña, que pasen tantos casos no es casualidad. Mi bloque está justo en medio de las dos antenas que hay al principio y al final del barrio, más la que está ubicada en el Colegio Tajamar, que la veo desde mi ventana”.
Una ley polémica
Fernando, miembro también de la asociación, nos cuenta que desde la misma están “empezando a trabajar muy en serio en esta cuestión. Estamos federados a la FRAVM, y nos hemos metido en su comisión de antenas, que lleva con ello bastante tiempo. Estamos tratando de aprender todo lo posible para paliar el problema en la medida que podamos, que ya sabemos que es difícil”…. “Básicamente porque la ley no nos ampara en nada”, apunta Saquina. Y es que todo es legal, con una Ley General de Telecomunicaciones aprobada en 2014 con el apoyo de PP, PSOE y CiU, sobre la que ya en su momento la Fundación para la Salud Geoambiental denunciaba que se ha diseñado “para favorecer el desarrollo de las redes y facilitar la implantación a las operadoras, pero se ha excluido cualquier mención a la salud de los ciudadanos”. La fundación también identificaba como otro de sus aspectos controvertidos “la expropiación de la propiedad privada —tejados, etc.— para facilitar la implantación de redes —antenas—. El artículo 29 faculta al Ministerio de Industria a la expropiación forzosa de una propiedad privada y la cesión del derecho de uso a la operadora”.
Como se puede ver, la cosa está complicada. Para Mari Carmen, “lo difícil es establecer la relación causa-efecto, aunque el número de casos se sale de toda probabilidad. Y esto no solamente nos pasa a nosotros: pasa en muchos barrios de Madrid, y curiosamente en muchos barrios populares. No se ve, no se huele, no se toca, pero está ahí”. Y de qué manera: “Nos dejó la FRAVM un aparatito para realizar mediciones; las hicimos dentro de distintas viviendas, alrededor de la guardería y en diferentes puntos, y nos ha dado unos índices altísimos”, explica la presidenta de la asociación, quien se duele de que “las personas no importamos nada, y si nos morimos o nos quedamos lisiados, pues da igual, con tal de que estas compañías tengan un beneficio económico”. “Luchar es lo único que podemos hacer”, concluye Saquina.
Localiza ‘tus’ antenas
En la web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo puedes localizar cuántas antenas tienes cerca de tu casa:
Foto: Vanessa Agustín
