ROBERTO BLANCO TOMÁS
Simplificando bastante, un fondo de inversión internacional son varias personas, físicas o jurídicas, que se ponen de acuerdo para hacer un fondo común e invertirlo. Por supuesto, el único interés de esta actividad es obtener beneficios, no considerándose en absoluto cuestiones sociales, laborales o de otra índole: se trata de una operación puramente financiera.
Pues bien, este verano, ayuntamiento y comunidad de Madrid vendieron casi 5.000 viviendas públicas a dos de estos fondos de inversión. Concretamente, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo vendió 1.860 pisos a Blackstone, y el Instituto de la Vivienda de Madrid hizo lo propio con 2.939 pisos, en este caso a Goldman Sachs y Azora. El objetivo de las Administraciones, obtener liquidez; el precio, de saldo (menos de 70.000 euros por piso de media); y la moralidad de la operación, dudosísima: vivienda social, construida con el dinero de los madrileños, destinada a facilitar el acceso a la vivienda a personas o familias con necesidades especiales, de repente se salda para favorecer un negocio redondo a especuladores internacionales. Una de las frases más escuchadas en la reunión de afectados celebrada el 13 de diciembre en la A.V. del PAU de Vallecas era: “se lo han hecho a medida”.
Y es que la operación del IVIMA ha afectado de lleno al Ensanche de Vallecas. Hasta hace poco era un barrio con un 54% de protección oficial, y tras la venta nos encontramos con “vía libre a la especulación y a las viviendas no protegidas”, valoraba Enrique Villalobos, de la asociación vecinal, en el programa Salvados, de La Sexta. “Es un disparate social”, concluye. El 29 de agosto se adjudicaban las viviendas a Azora y Goldman Sachs; el 25 de octubre éstas pasaban a manos de Encasa Cibeles, sociedad a través de la cual los fondos pretenden gestionarlas; y el 29 de ese mes Encasa se ponía en contacto con los vecinos mediante carta para presentarse como su “nuevo casero”. El tono de la misiva era tranquilizador, intentando convencer a los inquilinos de que poco o nada había cambiado para ellos, pero no tranquilizó a nadie. Imaginen: antes su casero era la Comunidad de Madrid, y ahora les estaban diciendo que el nuevo es una empresa privada. Obviamente, los vecinos no están de acuerdo con la venta, pero a ellos nadie les preguntó.
Y claro que hay cambios: para empezar se acabaron las ayudas al alquiler (que oscilan entre el 20% y el 90%, dependiendo del inquilino), que no serán prorrogadas. Quienes acaben de acceder a las mismas tienen todavía dos años, pero a otros se les terminan a principios de 2014. Aquellos que no puedan seguir pagando el alquiler, que no serán pocos, tendrán que irse. Por supuesto, sus nuevos caseros les ofrecerán opciones más baratas, y así se irán configurando las zonas en función del poder adquisitivo de los inquilinos. Otros ni siquiera podrán pagar esas opciones, y no tendrán vivienda. “Es la vuelta a los guetos, los poblados y la exclusión”, traduce Villalobos.
Otra consecuencia perjudicial para no pocos inquilinos: si llegado el momento no pueden ejercer la opción de compra, perderán cualquier derecho sobre la vivienda, viéndose obligados a abandonarla. Desaparece, pues, la posibilidad de prorrogar el contrato de arrendamiento, y Encasa ya ha comunicado a la asociación vecinal que van a intentar obtener el máximo posible por cada una de las viviendas con opción a compra. Las han comprado por una media de 68.000€, y pretenden conseguir por ellas una media de 145.000€. Lo llamativo es que si un inquilino consigue el préstamo necesario para comprar su vivienda (cosa bastante difícil en la situación actual de estas familias, muchas de ellas con miembros en paro y sin ingresos) y por cualquier motivo decidiera venderla al día siguiente, podría obtener como máximo únicamente 102.000€, dados los límites previstos por la naturaleza de dichas viviendas, que al parecer no rigen para Encasa Cibeles. Menudo “negocio”…
Pero aquí no acaban los “detalles llamativos” del asunto: los alquileres de las viviendas no incluyen los gastos de comunidad ni el Impuesto de Bienes Inmuebles, que correrán a cargo de los inquilinos, según comentaban desde Encasa Cibeles a los representantes vecinales. “A ellos solo les interesa cobrar un alquiler, y luego mátate tú con tu vecino por la comunidad”, manifestaba indignado uno de los afectados en la reunión del día 13.
Por todo ello, los vecinos no están dispuestos a quedarse cruzados de brazos. Las movilizaciones de protesta han comenzado ya. También se han presentado quejas al Defensor del Pueblo Europeo y a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y se está estudiando demandar al IVIMA por la operación. Los afectados consideran muy importante “trabajar con unidad de acción” entre todos para configurar un plan común de cara a una lucha que se prevé larga y dura. No hay otra, si se trata de parar semejante atropello…
