Por Ignacio Marín (@ij_marin)
Hace algunas semanas, el Centro Social La Trinchera de Villa de Vallecas acogió un interesante debate sobre la realidad, los problemas y el futuro de un derecho fundamental: el de la vivienda. El acto contó con unos ponentes que conocen de primera mano la problemática: Alejandra Jacinto, abogada y activista por la vivienda; Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, y Cristina Escribano, de la secretaría de vivienda del PCM.
Los asistentes salimos del acto abrumados por la difícil realidad que sufrimos. La especulación inmobiliaria es un cimiento del sistema productivo y político de este país, y se muestra especialmente cruda, especialmente inhumana, en esta región, paradigma del neoliberalismo. Pero también salimos convencidos de que no nos lo van a poder fácil, y de que la lucha y la protesta son el único camino.
La especulación inmobiliaria en Madrid refleja una problemática creciente que subraya la priorización del lucro sobre el derecho básico a la vivienda. En un contexto donde la vivienda se ha convertido en un bien de lujo y un instrumento de inversión, la situación se agrava aún más.
Es innegable que la vivienda debe ser un derecho fundamental, no un mero objeto de especulación financiera. Sin embargo, las políticas, tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento de Madrid, han favorecido un enfoque que privilegia el negocio inmobiliario por encima de las necesidades de los ciudadanos. A pesar de los discursos que intentan ocultar la realidad, los desahucios persisten, evidenciando la falta de medidas efectivas para proteger a los más vulnerables. Además, el fenómeno de la gentrificación, impulsado por la especulación inmobiliaria, expulsa a los vecinos de siempre para dar paso a aquellos con mayor poder adquisitivo.
Tenemos ejemplos bien tangibles cerca de nosotros. Están proyectados cuatro grandes desarrollos urbanísticos: El Cañaveral (ya en marcha), Valdecarros, Los Berrocales y Los Ahijones, cada uno con 50.000 viviendas planteadas. Tirando por lo bajo, van a venir a vivir entre 400.000 y medio millón de nuevos vecinos. ¿Están estos barrios dotados de servicios para estos volúmenes de habitantes? Es obvio que no, ya que ni lo están las zonas consolidadas del Ensanche de Vallecas. ¿Responde este incremento de la vivienda a la realidad demográfica de nuestra ciudad? Tampoco, y está claro además que los objetivos de estos desarrollos son puramente especulativos. Y lo más preocupante de todo ello: ¿provocará este aumento brutal de la oferta de vivienda una bajada de los precios?
- La crisis de vivienda y la desigualdad continuarán en ascenso, perpetuando un modelo donde la vivienda es un privilegio reservado para las clases más acomodadas
¿Vendrá acompañada de la adecuada vivienda pública de alquiler? Todos los que lean estas líneas ya saben que la respuesta será no.
Sin una intervención gubernamental decidida para regular el mercado y limitar la especulación, la crisis de vivienda y la desigualdad continuarán en ascenso, perpetuando un modelo donde la vivienda es un privilegio reservado para las clases más acomodadas.
Es imperativo que las autoridades tomen medidas concretas para revertir esta situación. Se necesitan políticas que prioricen el acceso a una vivienda digna sobre los intereses financieros de unos pocos. Esto implica no solo detener la especulación inmobiliaria, sino también garantizar la disponibilidad de vivienda pública a precios asequibles y el fortalecimiento de los derechos de los inquilinos.
En última instancia, la lucha contra la especulación inmobiliaria no es solo por el derecho a la vivienda, sino por la construcción de una sociedad más justa y equitativa donde todos tengan la oportunidad de un hogar seguro y estable. Nuestro derecho a la vivienda es nuestro derecho a vivir y disfrutar de nuestra ciudad. No podemos permitir que nos lo arrebaten.