DIEGO SANZ PARATCHA.
La llave la tenía Ciudadanos, y el partido naranja ha decidido cerrar la puerta: tres meses después de que la Asamblea de Madrid validara las 77.000 firmas en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular por el derecho a la vivienda, Ciudadanos ha sumado sus votos a los del PP para que la ILP contra los desahucios y los cortes de suministro ni siquiera sea discutida ni enmendada en ningún momento.
El pleno de la asamblea regional del 8 de noviembre se convirtió así en el acto final de la ILP impulsada por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogados (ALA). Los votos favorables de PSOE y Podemos no fueron suficientes frente a la dupla PP-Ciudadanos en la asamblea de Madrid. La región no tendrá una ley de vivienda similar a las que se han aprobado en otros Parlamentos autonómicos como el catalán o el navarro.
PP y Ciudadanos anunciaron en el mismo pleno su opción frente a los desahucios en la Comunidad: 150 viviendas de emergencia social de la Agencia de Vivienda Social (AVS, el antiguo IVIMA), que podrían subir a las 300. Y alusiones a la menor incidencia social de los lanzamientos. Solo en el segundo trimestre de 2017, éstos alcanzaron los 6.000 en la Comunidad de Madrid, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
El grupo promotor de la ILP ha anunciado su intención de insistir para que en esta legislatura se adopte algún tipo de medida antidesahucios en la Asamblea de Madrid. Tanto PSOE como Podemos han anunciado su disposición a colaborar para que se apruebe una Ley de Función Social de la Vivienda, en parecido sentido a la aprobada en la Comunidad Valenciana.
