Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno en Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid acordaron el pasado 4 de marzo poner en marcha un Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada Real. que se llevaría a cabo en los próximos 10 años (2024-2034), y dos días después, en una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo del Pacto Regional, las administraciones implicadas acordaron ejecutar dicha hoja de ruta para el periodo 2024-2028.
El citado plan se ha publicitado como un logro muy positivo para los habitantes de la Cañada Real, cuando es todo lo contrario. Lo que supone es dar una vuelta de tuerca más a la política de acoso a los habitantes de la antigua vía pecuaria que llevan desarrollando desde hace años y que, con el corte del suministro eléctrico producido el 2 de octubre de 2020, ha venido teniendo una deriva cada vez más obscena, en la que se traspasan todos los límites morales y legales, haciendo más insoportable el entorno torturante a los que les someten, con la intensificación de condiciones vitales indignas e insoportables y el mantenimiento de la más grave y continua violación de derechos humanos que se ha producido en nuestro país desde el establecimiento de la democracia. Quieren el terreno a toda costa, no les gusta la gente que lo habita y utilizan todo para que se vayan. Y si haciéndoles la vida imposible no lo logran, ahora quieren hacerlo con estos realojos que no son otra cosa que la ejecución de un ilegal e ilegítimo plan de desalojos forzosos.
El plan se ha acordado sin dar ninguna participación ni información a los vecinas y vecinos de la Cañada, que se han enterado del mismo por la prensa, lo que viola lo establecido en la Ley 2/2011 de Cañada Real Galiana y el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana de 2017. Pero es que, además, en esta actuación no se hace ninguna referencia a la rehabilitación del suministro eléctrico en esos 10 años, cuando lo que han exigido en reiteradas ocasiones Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Defensor del pueblo es que se tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso al suministro eléctrico.
Si las administraciones quieren actuar dentro de la legalidad, que garanticen de inmediato el suministro eléctrico y la celebración de contratos en la Cañada Real y mantengan un proceso de negociación real con los representantes de los residentes, en el que, conforme a lo que establece el Pacto Regional, se vele por el mantenimiento del mayor número de viviendas posible dentro de la Cañada y se contemplen los realojos, siempre con todas las garantías legales existentes, sólo en casos de vulnerabilidad o zonas con afecciones urbanísticas que pudieran impedir el mantenimiento de viviendas.
Reacciones
“El pacto es importante, pero pensamos que es más democrático escuchar a los vecinos, tener en cuenta su opinión sobre sus vidas y, sobre todo, no se puede hablar de realojos que duran 10 años sin hablar ni de luz ni de contratos. No podemos consentir que el Estado admita esta violencia política”, dice la Asociación Tabadol de Cañada Real. “Hemos sido muy claros en todas nuestras reuniones y nuestra petición ciudadana es muy legítima, queremos tener nuestro derecho a tener una vivienda. No aceptamos soluciones que no sean inmediatas y no hay más que mirar la resolución del Defensor del Pueblo”, añade este colectivo.
