El 1 de octubre era el día que estaba previsto que las empresas Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo hubiesen comenzado a explotar los hospitales de San Sebastián de los Reyes, Arganda, Coslada, Vallecas, Parla y Aranjuez, cuatro ambulatorios y cuatro centros de salud mental.
Si los planes del bando privatizador se hubiesen llevado a cabo, la asistencia especializada de 1.150.000 habitantes de la Comunidad de Madrid habría pasado a estar a cargo de estas tres empresas privadas. O mejor dicho, estas tres empresas privadas habrían cobrado del dinero que pagamos todos por atender a esa población. Otra cuestión es lo que pasase después: ¿a cuántos de los que necesitasen atención y tratamientos costosos atenderían, y cómo lo harían?
Habría unas 1.149 camas menos en la sanidad pública y 1.149 camas más en la sanidad privada. Habría 6.000 trabajadores menos en la sanidad pública: 5.200 de los 6 hospitales y unos 800 de los ambulatorios y centros de salud mental. Unos porque habrían sido contratados por las tres empresas privadas. Otros, unos 2.500, porque habrían sido despedidos de los hospitales totalmente públicos al trasladarse allí los fijos que no quisieran permanecer en los centros privados. No por casualidad Armando Resinos, Director General de Recursos Humanos, se ha visto obligado a suspender la Resolución del 20 de agosto sobre traslados.
Efectos a medio plazo
Si los planes privatizadores se hubiesen cumplido, el futuro del sistema sanitario público madrileño habría quedado herido de muerte. Las empresas privadas (las tres recientes, más Capio con los hospitales de Valdemoro, la Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos de Móstoles, y Sanitas con el de Torrejón), controlarían la asistencia sanitaria especializada de unos 2 millones de madrileños, casi un tercio de la población con cobertura sanitaria, y 2.400 camas (el 15% del total). Dispondrían de unos mecanismos privilegiados en la distribución de pacientes (call centers y servicios de admisión de los hospitales públicos), puestos por la consejería a su servicio. Estarían regidas por unas condiciones recogidas en los pliegos de las concesiones, sobre los que la propia Comisión Nacional de la Competencia afirma que, “desarrollan de un modo muy sucinto los controles de calidad y la penalización efectiva” y que “pueden generar incentivos perversos: ir en busca de los pacientes más rentables y dejar en segundo plano a los demás”. Las consecuencias a medio plazo de todo ello serían:
- Un aumento vertiginoso de los recursos hacia las empresas privadas en detrimento de los centros públicos, con el consiguiente cierre de camas y despidos en estos últimos. Si el año 2012 el dinero destinado a los conciertos aumentó un 55% sobre lo presupuestado (de 627 a 972 millones de euros), ¡qué no habría sido en 2014 con 1.149 camas privadas más y con la posibilidad de ser duplicadas, convirtiendo las habitaciones individuales en dobles!
- Una mayor presión para privatizar centros de salud como garantía de que a los hospitales privados solo lleguen los pacientes rentables.
- Un deterioro de la calidad asistencial. Por un lado habrían partido con un déficit importante de camas: la población cubierta por estos hospitales privados supondría el 30% y las camas un 15%. Por otro lado, los pliegos, según la CNC, no establecían garantías de calidad: “Las penalizaciones pueden incrementar los incentivos a prestar una atención de mayor calidad”, pero en el caso de Madrid “los pliegos contienen un detalle muy escueto de las penalizaciones y de su forma de determinación, lo cual reduce su credibilidad”. “Tampoco es bueno —añade— que el máximo que se le pueda restar del canon sea el 20%, porque si la empresa incumpliera todos los estándares aún recibiría el 80% de la cápita”. “Parecería más oportuno que se establecieran unos valores mínimos para los indicadores de calidad, y no para los ingresos de la sociedad gestora”.
- Una enorme presión para que el criterio dominante de funcionamiento en el Sermas fuese el del beneficio empresarial, debido al poder que los recursos adquiridos les darían a estas empresas en la planificación y orientación del sistema sanitario.
En mejores condiciones para seguir la lucha
Haber parado este golpe es una gran victoria. Pero no tan grande como para evitar la continuidad de las hostilidades: se produce en medio de una ofensiva generalizada y permanente, con múltiples ataques que ya estaban diseñados y con otros nuevos que el bloque privatizador pretenderá llevar a cabo como sustitutos de los planes fracasados. Ahí siguen los avances privatizadores que habían conseguido años atrás: 4 hospitales totalmente privados (modelo “concesión administrativa” y de “concierto singular”), 6 hospitales semiprivados (modelo “concesión de obra”), plantillas precarizadas, recortes presupuestarios o de la cartera de servicios, repagos, exclusión sanitaria o las contraofensivas del bando privatizador. Sin ir más lejos, ahí están los intentos de reducir drásticamente las plantillas de la limpieza hospitalaria por parte de la empresa en varios hospitales o centros de salud por parte de Clece (Florentino Pérez) y Ferrosel (Ferrovial), la futura privatización de la Lavandería Hospitalaria de Mejorada y unos Presupuestos que se adivinan restrictivos.
Pero esta victoria parcial, además de lo logrado, nos permite continuar la batalla en mejores condiciones. Nosotros, más fuertes en sanidad (como se vio en la Marea del pasado 22) y en otros sectores (se animan al ver lo sucedido en sanidad). En cambio los privatizadores salen más débiles. Menuda diferencia habría sido si el día 1 hubiésemos visto en todos los medios de comunicación a los directivos de Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo tomando posesión en esos centros. Y a Lasquetty (que anda casi desaparecido) diciendo algo así como: “En el día de hoy, cautiva y desarmada la Marea Blanca, han
entrado las tropas privatizadoras en los hospitales designados. Sin embargo, la ofensiva no ha terminado”. Y como Lasquetty no ha podido decir eso, nosotros seguimos gritando, pero ahora con más razones: ¡sí se puede!
Javier Cordón
