Por Araceli Domínguez
David lleva 20 años viviendo en su piso de la calle de Mazaterón, en el Ensanche de Vallecas. El próximo 23 de septiembre a las 9:30 de la mañana se enfrenta a su desahucio tras agotar todas las vías judiciales: «No nos han vendido solo las casas; nos han vendido a nosotros dentro como parte de la rentabilidad», denuncia.
Hay una frase que repite para no perder el pie en mitad del torbellino: «No quiero que esta gente me quite el sentido del humor». A pocas horas del 23 de septiembre, la fecha fijada para su desahucio, su piso es un laberinto de cajas, discos y libros acumulados durante dos décadas. «No me da tiempo ni a saber cómo estoy», confiesa. Tras agotarse los últimos recursos presentados ante el juzgado en julio, el golpe de realidad le ha llegado súbitamente a comienzos de septiembre. No hay más prórrogas.
La historia de David es la de miles de familias en nuestro país atrapadas en el desmantelamiento de la vivienda de servicio público. Lo que comenzó como una promoción de obra social bajo el paraguas del Grupo Caixa ha terminado convertido en un activo financiero en manos de Musa Capital (operado bajo el vehículo Mosa Profu), un fondo con ramificaciones en Luxemburgo, financiación ligada a la banca estadounidense e intermediarios locales en España.
«Es uno de los casos de engaño más grandes en materia de vivienda social», explica David. «Se levantaron más de 4.000 viviendas protegidas en toda España, usando suelo público, concesiones y subvenciones europeas o autonómicas. Construir les salió baratísimo. Pero una vez expiraron los acuerdos de protección, en lugar de mantener la función social, la matriz vendió los paquetes a fondos internacionales para no manchar su reputación corporativa», añade.
Inquilinos con «bicho» y empresas desokupa «premium»
En la jerga del mundo financiero inmobiliario, vender un inmueble con residentes se conoce como vender «con bicho». Pero la realidad sobre el terreno es mucho más cruda. «Nos han vendido con todos nosotros dentro, incluyendo nuestro alquiler como parte de la supuesta rentabilidad del paquete», denuncia el afectado.
Para vaciar los inmuebles y elevar el valor de mercado de los pisos, los vecinos denuncian la irrupción de empresas intermediarias contratadas para presionar y dividir a la comunidad. Lejos de la violencia física explícita, estas organizaciones emplearon tácticas de desgaste psicológico y recopilación de información. Aseguran que utilizaron la presión y el engaño con agentes con «cara amable» que acudían a sondear la situación personal y económica de los vecinos bajo el pretexto de ayudarles, recopilando datos sobre su vulnerabilidad para usarlos en su contra. Además, explican que realizaron ofertas divisivas y redes de informadores, a través de propuestas de renovaciones falsas a ciertos inquilinos para alejarlos de las protestas colectivas con ofrecimientos de dinero (entre 4.000 y 8.000 euros) o descuentos en el alquiler a cambio de filtrar información sobre las redes de apoyo vecinales. Por último, dicen que recurrieron a grabaciones y coacciones, unas prácticas documentadas e informadas incluso por las trabajadoras sociales del barrio, que llegaron a escuchar grabaciones realizadas a residentes vulnerables.
«La función que tenían era disuadir, dilatar y dividir. Si a unos les dicen que les van a renovar y a otros no, o si ofrecen dinero por información de los grupos de contactos, la comunidad se resquebraja. Han jugado con el miedo», relata David.
Un mercado expulsivo y la inacción política
Muchos de los vecinos con alternativas o margen económico terminaron marchándose ante la presión. Los que se han quedado son los que no tienen adónde ir. La búsqueda de alternativas en el mercado libre de alquiler resulta inaccesible: precios desorbitados de más de 1.500 euros mensuales, habitaciones sin derecho a empadronamiento y contratos de corta estancia que privan de cualquier garantía legal.
«Entrar al mercado exterior desde la desesperación es muy peligroso. Te da miedo acabar en un sitio donde ni siquiera puedas descansar o tener una mínima condición de vida», señala este vecino.
La respuesta de las administraciones públicas ante la venta de estas promociones protegidas ha sido dispar en el territorio nacional. En Cataluña y el País Vasco, los gobiernos autonómicos ejercieron sus derechos de tanteo y retracto para rescatar las viviendas. En municipios como Málaga o Valencia, la presión social logró salvar algunas promociones. Sin embargo, en plazas como Madrid o Sevilla, las administraciones declinaron intervenir, amparándose en disputas de competencias o posicionamientos ideológicos contrarios a la intervención del mercado.
La dignidad frente a la especulación
A pesar de la inminencia del lanzamiento, David rehúsa marcharse por su propia voluntad antes de agotar la última trinchera: ha interpuesto una demanda contra el fondo exigiendo la formalización del contrato al que la propia jurisprudencia previa le daba derecho. «No quiero irme de aquí con la sensación de no haber peleado hasta el final», lamenta.
El apoyo de las redes de barrio y las plataformas por la vivienda ha sido fundamental para dotar de herramientas legales y contención emocional a los afectados, aunque la soledad al cerrar la puerta de casa siga siendo inevitable.
«Al final, el ciudadano común no tiene por qué saber la ingeniería financiera de empresas pantalla con 3.000 euros de capital que mueven 105 millones desde Nueva Zelanda», concluye David. «Pero lo que sí debemos hacer los vecinos es ponerle nombre a los responsables, señalar a las entidades que lo han permitido y no normalizar que la vivienda sea un activo para especular en lugar de un derecho para vivir», apostilla.
El 23 de septiembre a las 7:30 de la mañana, la asamblea vecinal se concentrará a las puertas del bloque para intentar frenar el desahucio y acompañar a quien ha sido una de las voces principales de esta resistencia.
