Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
Si todos y todas hemos sufrido las históricas olas de calor que este verano han desolado España, imagínese lo que significa que las administraciones públicas no solo no pongan medidas para evitar el sufrimiento de las personas, sobre todo de aquellas en situación de especial vulnerabilidad, sino que tomen medidas para incrementar ese sufrimiento. Pues eso es lo que ha pasado este verano en el barrio de Cañada Real. Sus habitantes han llegado a un sufrimiento extremo por la acción de las diferentes administraciones. Así, se ha dejado al menos cinco casas en las que vivían niños y niñas sin agua durante semanas.
Y no solo se ha seguido manteniendo el criminal corte del suministro eléctrico que impide a más de 1.800 niñas y niños poder llevar una vida mínimamente digna desde hace más de cinco años y nueve meses, sino que incluso el 12 de junio se publicaron cuatro resoluciones que autorizaban a UFD-Naturgy a desmantelar la instalación eléctrica histórica de los sectores 5 y 6 de Cañada Real. Lo que supone hacer una importante inversión monetaria, no para garantizar el necesario suministro eléctrico, sino precisamente para desmantelar la instalación eléctrica que durante décadas sirvió para dar electricidad al barrio, de manera que se pierda la esperanza de que alguna vez pueda servir para dar electricidad de nuevo a los residentes, en incumplimiento flagrante de lo que el Consejo de Europa ha exigido en decisión firme a España. Ante semejante desmán, la plataforma cívica, en el escaso mes que se tuvo de plazo, preparó modelos de recurso de alzada gratuitos contra las citadas resoluciones, lo que permitió que muchas vecinas y vecinos, así como la propia plataforma, presentaran el correspondiente recurso de alzada contra las citadas resoluciones.
Derribo de viviendas
Asimismo, es importante recordar que en las puertas del verano se siguió ejecutando el derribo de viviendas sin orden judicial, en las que incluso vivían niños y niñas. Un acto que tiene una especial similitud con el desahucio que la Comunidad de Madrid ejecutó el 15 de julio de una familia con tres hijos, uno con síndrome de Down, desoyendo la petición del Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Niño de parar la ejecución al menos hasta poder darles una alternativa habitacional que cubriese sus necesidades básicas. Ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, todas las violaciones de derechos humanos están conectadas. Si no paramos la que están llevando a cabo en el barrio de Cañada Real en beneficio de intereses espurios, la misma se extenderá a los otros barrios de la Comunidad, aunque sea desoyendo al Defensor del Pueblo, al Consejo de Europa o al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
La violación de derechos ha hecho que el verano sea horrible en la Cañada Real, y si la sociedad no reacciona, ese horror se extenderá rápidamente por toda la Comunidad de Madrid.
