Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
Este 2 de octubre se cumplen cinco años desde que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, junto a los de las Alcaldías de Madrid y Rivas Vaciamadrid, la complicidad culpable del Gobierno central de España y la participación ejecutiva de la empresa Naturgy, decidieron llevar a cabo un crimen contra más de 4.500 personas, más de 1.800 niños y niñas. Un crimen que consistió en dejar, de manera consciente, a todas esas personas sin electricidad, de la noche a la mañana, poniendo unos reconectadores en las líneas de alta tensión del barrio de la Cañada Real con los que impiden que llegue electricidad suficiente a quienes viven en el sector 5 y que llegue electricidad alguna a quienes viven en el sector 6.
Imagínese lo que esto significa para esas personas. Piense en lo que son cinco años en la vida de una persona, con un sufrimiento continuo durante 1.826 días seguidos, con sus respectivas noches. Lo que se ha tenido que vivir sin luz desde antes del paso de la tormenta Filomena hasta hoy. Así, por ejemplo, piense en lo que ha significado para una niña o un niño que tuviese 11 años ese 2 octubre de 2020, haber cursado el último curso de Primaria, toda la Educación Secundaria y estar cursando Primero de Bachillerato sin tener luz eléctrica en casa, con lo que conlleva en todos los ámbitos de la vida diaria, como, por ejemplo, en la preparación y conservación de los alimentos y las medicinas, en el aseo personal, la salud, el estudio y el ocio. Como reconoció el propio Gobierno, son condiciones indignas en las que se les ha obligado a vivir.
En estos cinco años las vecinas y los vecinos han conseguido que el Defensor del Pueblo, el Consejo de Europa y Naciones Unidas hayan determinado, sin ningún género de duda, que el mantenimiento de ese corte del suministro eléctrico supone una muy grave violación de los derechos humanos de toda la población que vive en esos sectores 5 y 6, afectando especialmente a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, como son las niñas y los niños, las mujeres, las personas con discapacidad y los mayores. Es decir, quienes más necesitan que los poderes públicos cumplan con su obligación, expresamente establecida en nuestra Constitución, de promover las condiciones para que su libertad e igualdad sean reales y efectivas, de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar su participación en la vida política, económica, cultural y social.
Intereses espurios
Nada de eso han hecho nuestros gobernantes, sino que, conscientemente, llevan cinco años haciendo prevalecer los intereses espurios de su alianza con las grandes constructoras españolas. Entre clientelismo político e intereses económicos de los poderosos y los derechos humanos e intereses vitales de la sociedad, han optado y optan por poner todos sus esfuerzos en que prevalezcan los primeros. Eso es la comisión de un crimen. Eso es barbarie institucional.
Esperemos que las personas con responsabilidades que se han comprometido a apoyar la lucha pacífica y cívica de los sufridos vecinos y vecinas de Cañada Real se comporten en clave de derechos humanos y no en línea con los impunes especuladores de viviendas y sus políticos a sueldo.
