Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
Los poderes públicos siguen asediando a los habitantes de la Cañada Real. El Gobierno Central y el de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid siguen haciendo que la vida de los vecinos y vecinas de los sectores 5 y 6 sea un calvario continuo. Su insensibilidad inhumana ante la desesperación de los y las residentes que allí viven es absolutamente impropia de cualquier institución democrática, que siempre ha de ejercer el poder para defender al pueblo, en donde reside la soberanía nacional y de donde emana su propio poder. Utilizar ese poder para degradar la vida de las personas en situación de mayor vulnerabilidad es antidemocrático, cruel e inhumano.
A la muerte de un bebé por hipotermia hay que sumar ya varios intentos de suicidio. Y, sin embargo, no hay el más mínimo indicio de que las administraciones competentes vayan a cambiar su envilecida actitud. Como lo muestra la respuesta que dieron al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa para explicar por qué no habían hecho ningún caso a su expresa indicación de que antes del 15 de diciembre tenían que tomar las medidas necesarias para garantizar el suministro eléctrico a todos los habitantes de la Cañada Real. Y, sobre todo, lo muestran los hechos, pues al corte del suministro eléctrico hace tiempo que añadieron el vertido ilegal de escombros y tierras en las vías de acceso y junto a las viviendas e incluso el derribo de esas viviendas sin orden judicial y su soterramiento.
Vías legales abiertas
Pero los mecanismos del Estado de Derecho son fuertes, sobre todo si se acompañan con el impulso de una ciudadanía democrática y consciente. Por eso las vías legales siguen abiertas.
Así, el pasado mes de marzo, las entidades internacionales defensoras de derechos humanos que presentaron la reclamación colectiva ante al Comité Europeo de Derechos Sociales han enviado una cumplida y fundamentada respuesta al Comité denunciando las alegaciones presentadas por el Estado español, en la absoluta confianza que el Comité exigirá la restauración del suministro eléctrico.
Además, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir diligencias contra el Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real y la empresa Amaexco por la posible comisión de varios delitos relacionados con la acumulación de escombros y tierras, lo que se unirá al procedimiento ya abierto contra el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid por el derribo de una vivienda sin orden judicial.
Y, por último, el Defensor del Pueblo señala, en su informe anual, una vía para regular la contratación del suministro eléctrico por determinadas viviendas de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, apuntando la necesidad de superar la crítica situación de emergencia humanitaria en la que sus habitantes siguen viviendo después desde más de dos años y medio. La lucha continúa y el Estado de Derecho acabará imponiéndose.
