El informe ‘Luz para la Cañada, el impacto del corte del suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes’ analiza la situación en el sector VI de la antigua vía pecuaria
Por Redacción
La situación de la Cañada Real Galiana no es únicamente una emergencia humanitaria, sino que se trata de una verdadera crisis de derechos humanos, donde la vida de sus habitantes se está viendo afectada por una disputa competencial entre las diferentes administraciones, siendo último garante el Gobierno central. Ésta es una de las principales conclusiones del informe ‘Luz para la Cañada, el impacto del corte del suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes’, realizado por la Clínica Jurídica del Máster en Derechos Fundamentales del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid y que fue presentado en la tarde del pasado 24 de junio en un aula de ICADE.
Como solución, el mencionado documento establece que para solventar los problemas existentes en la Cañada Real es «crucial» que todas las administraciones desarrollen un plan de acción «conjunto y coordinado».
La directora de la Clínica Jurídica-ICADE de la Universidad Pontificia Comillas, Isabel Lázaro, y el miembro del Consejo del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba, Ignacio Campoy, que ha sido el Director de la Clínica Jurídica en la que se elaboró el Informe, fueron los encargados de dar a conocer este trabajo que analiza la situación en la Cañada Real Galiana tras los cortes de suministro eléctrico que se llevan produciendo desde otoño del año pasado.
Los alumnas responsables del documento señalan que los actores políticos implicados han invertido sus esfuerzos en «desviar» la responsabilidad «de unos a otros», a pesar de observar claramente «las deficiencias, desigualdades y carencias por las que están pasando los habitantes» de este enclave. En este punto, no dudan en asegurar que el conflicto de la Cañada Real se ha convertido en «un problema de Estado», donde varios organismos, tanto nacionales, como el Defensor del Pueblo e internacionales, como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos-» denunciaron la vulneración de derechos humanos que supone «permanecer impasible ante esta situación y han reclamado la actuación inmediata de la Administración».
Participación vecinal
«Es necesario desarrollar un nuevo plan vinculante con la participación de la población, las asociaciones vecinales y las diferentes administraciones, donde se estipule de forma detallada las responsabilidades y competencias de cada administración», añadieron.
Tras el estudio, las autoras del informe dijeron que «no cabe duda de la grave vulneración de derechos de la infancia que trae consigo el corte de suministro en la Cañada Real». «Estos derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación y el derecho a la salud son imprescindibles para un correcto desarrollo de la etapa infantil», apostillaron.
Por ello, consideraron «urgente» el restablecimiento inmediato de la luz debido a las «graves consecuencias» que ocasiona en los ciudadanos. También indicaron que hay que proceder a la creación de contratos de luz a los habitantes del sector VI.
«A medio plazo es fundamental paliar la problemática estructural que existe en la Cañada Real. A nuestro juicio, si bien es imprescindible atajar, en algunos casos, los problemas existentes en el acceso a una vivienda digna y adecuada, también es necesario abordar las causas que han llevado a ese nivel de exclusión habitacional. Por tanto, las soluciones que se propongan en un futuro para solucionar tal problema deben ser transversales e ir encaminadas a solucionar una dificultad que ha sido invisibilizada durante años», concluyeron.
El informe completo se puede consultar en luz-para-la-canada
