Por Redacción
Organizaciones sociales y sindicatos, entre ellos la Coordinadora de Barrios, han elaborado el comunicado ‘Yo, Antonia García’ para denunciar la situación de zozobra que viven en la actualidad las 22.493 familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la Comunidad de Madrid, un buen número de ellas radicadas en las dos Vallecas, a raíz de la carta enviada por la Consejería de Políticas Sociales que les instaba a presentar por registro copia de la solicitud registrada del IMV (Ingreso Mínimo Vital) en el plazo de 10 días bajo amenaza de la suspensión cautelar de la prestación. Explican que este nuevo requisito se une a la “farragosa y nada accesible” solicitud del IMV por parte del Gobierno de España.
“La decisión del envío de la carta tomada por el gobierno PP-Cs, ha atemorizado y angustiado más a familias que ya lo estaban por no tener información adecuada del IMV ni saber cómo solicitarlo. Para nosotros, su objetivo es claro: dejar de pagar cuántas más rentas mínimas puedan. Un objetivo que ha guiado la política de la RMI desde comienzos de 2017, pero que ahora quieren aprovechar para hacer de manera masiva, dejando la RMI en una prestación residual para familias sin derecho a IMV”, critican las entidades firmantes del documento.
“Esta carta es la enésima vuelta de tuerca del laberinto burocrático con el que la Comunidad de Madrid vulnera los derechos de las familias empobrecidas. A las dificultades para presentar el IMV, Antonia García, una de las afectadas, debe sumar una más, enviar a la Comunidad de Madrid la solicitud presentada a la Seguridad Social. Una nueva cita de registro, un nuevo papel, una nueva desesperación que ante la inexistencia de citas en los registros públicos de la Comunidad de Madrid, está llevando a las familias a recurrir al registro público de Correos para cumplir los plazos, debiendo pagar por registrar una documentación asociada a la pobreza”, señalan.
Peticiones concretas
Aunque consideran que gran parte del mal está hecho, reclaman a la Comunidad de Madrid que lo corrija en la medida de lo posible y que no aplique mecánicamente el plazo de 10 días para acreditar la petición del IMV. Además, le piden a la administración regional que comunique a quienes exigió aportar en ese mismo plazo una resolución que puede tardar meses en llegar que fue un error y que cancele las extinciones ya hechas de RMI por haber obtenido la IMV transitoria y las convierta en suspensiones temporales.
“El maltrato administrativo a las familias empobrecidas es una bajeza ética, política y social. Eso es lo que denunciamos. Pero también vamos a seguir defendiendo la necesaria mejora de la IMV y la necesidad de que la RMI complemente al IMV. Hemos hecho nuestras propuestas y las vamos a defender. Ahora nos absorbe el apoyo a las familias afectadas. Pero no muy tarde vamos a defenderlas en la calle. Y pediremos a quienes crean que no hay que combatir contra las personas pobres, sino contra la pobreza y sus causas, que se sumen a esta lucha necesaria”, concluyen.
«Parece más una carrera de dificultad para los pobres que una oportunidad para salir de la pobreza», inciden desde la Parroquia de San Carlos Borromeo.
Comunicado completo en el siguiente enlace: Comunicado Yo, Antonia García
