Una plataforma contra los desahucios en Vallecas

Por Guillermo Belinchón

El mediático caso del desahucio de la familia de Manuela en el distrito de Puente de Vallecas el pasado julio provocó una mayor visibilidad a un problema común que viven decenas de familias en los barrios humildes. Personas que no pueden hacer frente a un alquiler por determinadas circunstancias recurren a okupar una vivienda propiedad de un banco o de un fondo de inversión para no quedarse en la calle, pidiendo en la mayoría de las ocasiones un alquiler social para poder hacer frente a los pagos.

Ante la falta de soluciones por parte de las administraciones, los vecinos de estos barrios son los encargados de amparar y ayudar a aquellas personas en riesgo de expulsión de su propia vivienda. Entre estas asociaciones se encuentra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallekas, una asociación ciudadana que basa su actuación en el apoyo mutuo. Según ellos, aprenden entre todos a solucionar sus problemas, a buscarles salida y a apoyarse en conjunto, normalmente buscando un alquiler social para el individuo ocupante.

“Es verdad que, a través de las redes que se constituyen con el 15-M, se pueden acudir a algunas ayudas concretas, como a la Comisión Jurídica en casos muy complicados o dudas muy concretas, pero no contamos con apoyo jurídico profesional. Nosotras entre todas vamos buscando y aprendiendo todas esas ‘triquiñuelas’ legales que nos ayudan a afrontar estos problemas de acceso a la vivienda”, explica Pilu, portavoz de PAH Vallekas, a Vallecas VA.

Los orígenes

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca tiene su origen en Cataluña, principalmente en Barcelona. A raíz de la crisis económica de 2008, las personas empezaron a perder sus casas y lo que al principio fueron unos “desahucios silenciosos”, se acabaron visibilizando.

“Respecto a Madrid, esta asociación explota con el 15-M. Antes de esta fecha los desahucios no estaban visibilizados y por aquel entonces ocurre algo muy importante que fue la acampada de Celenque, en la sede que tenía Bankia cerca de la Puerta del Sol, donde se va constituyendo la PAH en Madrid. Al ser un territorio tan extenso, poco a poco se van creando lo que nosotros llamamos núcleos en barrios, porque era inviable tener un único colectivo para todos”, explica Pilu.

En el caso de Vallecas, a través de una oficina en el Centro Social de la calle Seco enfocada en los Derechos Sociales y Económicos, se empezó a formar la actual PAH de Vallekas. “Para mí la PAH es de las pocas formas de lucha que tenemos con el problema de las viviendas a nivel estatal. En Madrid se acentúa por el tema precio y los alquileres Airbnb, pero, sobre todo, es un problema a nivel estatal. En mi caso conocí a la asociación a raíz de un intento por conseguir un alquiler social después de que me desahuciaran de una casa en la que estuve. Después de contactar con ellos, ir a asambleas e involucrarme, he ido formando parte de la asociación. Su forma de lucha me parece muy bonita, porque es algo basado en el acompañamiento, en el apoyo mutuo y en la formación de todos”, explica Ángel, uno de los afectados recientemente por los intentos de desahucio de la Comunidad de Madrid.

Organización interna

Los miembros de la PAH de Vallekas se reúnen en asambleas semanales en el Centro Social La Villana a las 18:30h horas, donde cualquier persona está invitada. Su modo de afrontar una problemática de desahucios es la siguiente: cuando llega una persona solicitando ayuda, la Asamblea la escucha mientras expone su problema. En un primer momento, le hacen una asesoría básica, es decir, primero le explican cómo funciona la asociación y después le dan las opciones que tiene para resolver su problema.

“Suele haber tres problemas situacionales: con la hipoteca, una okupación o un impago de alquiler. Dentro de esas tres situaciones hay una gran diversidad de formas para resolver su problema, y se le explica qué se hace en cada caso”, cuenta Pilu.

El colectivo invita a que continúe su participación la persona interesada y que, poco a poco, vaya entendiendo lo que tiene que hacer para intentar resolver su situación, porque según cuentan, es mucha información y la gente se abruma la primera vez que van. “Intentamos que sepan que somos como ellos y que el colectivo les ayudará en la medida en la que esa persona nos apoye”, añade.

Los desahucios y sus procesos

Pilu define el término desahucio como “que te echen del lugar en el que habitas”. Según ella, el desahucio está presente en nuestro día a día debido a una sociedad injusta que presenta una desigualdad de reparto alarmante. Entiende que las administraciones encargadas de dar información y proteger al posible desahuciado, en este caso los Servicios Sociales, “no responden si tú no les tocas la puerta y tienes que ser muy pesado para que ellos hagan algo, porque no se informan de la situación en la que vive la gente”.

La portavoz de la PAH en Vallecas lamenta que en varias ocasiones no consiguen tener la copia del informe que los Servicios Sociales tienen que presentar al juzgado cuando hay un caso de desahucio, y es la razón por la cual, muchas veces no pueden hacer todo lo que está en sus manos. “Es uno de los mayores problemas que estamos teniendo actualmente”, aclara.

Hay varias “fases” cuando una persona se encuentra en un proceso de desahucio. Normalmente, como primer aviso, las administraciones llaman a la puerta de la vivienda pidiendo su abandono. Cuando ocurre esto, se puede pedir un aplazamiento de un mes, un tiempo que, según el colectivo, es muy corto como para que un inquilino pueda organizar su traslado y dejar el hogar en el que vive.

“Dependiendo del proceso y de quien está detrás del interés de que la persona que okupa salga de la propiedad, pueden variar los detalles. En estos momentos con lo que ha ocurrido con CaixaBank y el desahucio de Manuela, les va a costar más limpiar su imagen y esos desahucios van a ser más fáciles de pararlos, pero otra cosa es luchar contra un fondo de inversión, que son entidades con mucho poder”, asegura Pilu.

Si la Asamblea conoce el caso de la persona afectada, sabe el nivel de negociación en el que se encuentra y las ganas que tiene la propiedad de recuperar su piso. Después de la primera notificación de desahucio, puede haber otros intentos con la Policía Nacional yendo a las inmediaciones de la vivienda okupada para intentar proceder al desalojo, pero normalmente si ese caso lo lleva la PAH, se para el desahucio, mostrando una resistencia pacífica e intentando conseguir un alquiler social para la interesada. En un último caso y habiendo desestimado toda posible negociación, la Comisión Judicial envía a la Unidad de Intervención Policial (UIP), que se encarga de efectuar el desalojo entrando directamente en la propiedad y, normalmente, cumple con su objetivo.

“Apoyar en contra de los desahucios es necesario porque hay que proteger al barrio y, sobre todo, a nuestras vecinas de los fondos buitres que se están comiendo nuestro distrito. La PAH es un colectivo donde nos ayudamos entre todas ante una emergencia social a la que tenemos que dar respuesta. No podemos seguir permitiendo que nuestras vecinas pierdan las casas a manos de tramados como son los fondos buitres”, explica Irene, miembro de PAH Vallekas.

Casos mediáticos

Desde el comienzo del verano el distrito de Puente de Vallecas está sufriendo una oleada de casos de desahucios que no se habían visto en los últimos años, como fueron los casos de Manuela o de Cruz, las dos finalmente desahuciadas pese al apoyo vecinal y mediático que tuvieron. El caso de Manuela fue especialmente importante porque dio una mayor visibilidad a esta problemática, pero, a su vez, fue una gran decepción para todos los vecinos que fueron a apoyarla porque creían que iban a conseguir mantenerla en su vivienda. “Contábamos con poder pararlo, porque ostentaba todos los parámetros legales menos el de okupación. Llevaba viviendo allí siete años junto a su familia y fue una verdadera desgracia”, se sincera Pilu.

Manuela estuvo también apoyando en uno de los desalojos producidos en Puente de Vallecas, el de Cruz y sus nietos. “Estamos aquí hoy porque queremos apoyar a nuestros compañeros para que estas cosan no sigan pasando, porque sabemos que en estos momentos es importante estar arropado de gente que te quiere y ver si podemos hacer algo por ella”, declaraba al periódico en el día del desalojo de Cruz.

Casos inviables

Según cuenta Pilu, todos los casos son viables, pero para parar un desahucio en la puerta de una vivienda necesitan conocer de antemano a esa persona. Por esa razón, los casos con los que no trabaja el colectivo son los de las personas que vienen con muy poco margen de antelación a las asambleas. “Si viene una persona con un desahucio programado en 15 días, no cogemos ese caso, porque no tenemos tiempo para prepararnos”, se sincera Pilu.

La Asamblea trabaja con vecinas que muestran interés y creen en lo que el colectivo realiza. Ellos les dan las pautas para que vayan actuando, pero si esa persona no pone su empeño ni les facilita la información que necesitan, no pueden ayudarla.

“Hemos defendido situaciones imposibles en las que ni los Servicios Sociales ni el Juzgado se involucraban. Nosotras, seguimos intentando buscar una solución hasta que llega la UIP, que es el momento en el que no podemos hacer nada más y dejamos la vivienda”, aclara Pilu.

¿Cómo ayudan jurídicamente?

“Respecto a la ayuda jurídica, podemos preguntar a la Comisión Jurídica de Sol, que nos ayuda en algunos casos muy complicados que nosotras no sabemos, pero normalmente en estos años hemos aprendido a valernos por nosotras mismas. Sabemos qué significa la llegada de una notificación de desahucio del Juzgado, a qué se refiere si es un lanzamiento, si se puede recurrir, cómo actuar, qué tipo de desahucio es y cómo proceder”, puntualiza.

La organización siempre acude a la justicia gratuita. Según informan, cuando una persona se encuentra en una situación de futuro desahucio, acude a ellas buscando un abogado sin saber que ellas no hacen lo que hace un abogado: “Nosotras le decimos que somos una asociación de apoyo mutuo y si le interesa pertenecer y ayudar”, menciona Pilu.

Sin subvenciones

La PAH de Vallekas no percibe ninguna subvención económica por parte de ninguna entidad. Únicamente reciben donativos de los propios vecinos, pero es algo inusual. “La mayoría de la gente no tiene para comer como para aportar algo de dinero”, explica Pilu. Este colectivo dispone de un fondo económico que lo utilizan para pagar abonos que son utilizados para ir a parar los desahucios de sus compañeros.

Lo que sí han conseguido es una interlocución a nivel político. “La PAH tiene un peso social importante y tenemos alguna ventaja como la de ponernos directamente en contacto con la Delegación del Gobierno, con el Gobierno de Coalición y con ciertas personas importantes. A ese nivel, sí tenemos un reconocimiento de trabajo por todos los años en los que hemos estado implicándonos. Y cuando no tenemos ese reconocimiento, lo imponemos”, menciona entre risas esta activista.

Ley de acceso a la vivienda

El colectivo lleva años peleando por una Ley de Acceso a la Vivienda. “Es una ley marco estatal que permita a las comunidades autónomas determinar lo que es una vivienda pública, qué significa acceder a un alquiler social, qué significa la vivienda como bien de uso o casos hipotecarios, entre otras definiciones”, explica Pilu.

En el Estado Español, actualmente, no hay una ley que permita desarrollar a las comunidades autónomas una legislación específica para proveer de esta índole, pese a estar reconocida en la Declaración de los Derechos Humanos.

“Nosotros presentamos una iniciativa estatal que no llegó a la Mesa del Congreso y ahora estamos peleando para que esta situación se revierta. Es uno de los compromisos que tenía el Gobierno de Coalición, esta Ley de Acceso a la Vivienda. Una de nuestras grandes aspiraciones como asociación es conseguir una ley que ampare este derecho y, de momento, se está retrasando. Las administraciones nos marean con fechas que luego nunca llegan”, se queja esta vecina.

En el tiempo que llevan actuando, la PAH de Vallekas ha conseguido en muchas ocasiones alquileres sociales para los inquilinos con riesgo de desahucio, pero avisan de que hay que estar muy pendiente de defender un alquiler, porque siempre van a intentar quitarte lo conseguido. Desde la asociación animan a todos aquellos vecinos con problemas de vivienda a que luchen por mantenerla. “Como no hay leyes que te amparen, aquí lo único que se ampara es la propiedad privada y priman los derechos de propietario frente a los del inquilino sin vivienda. Hay que luchar e intentar que esa vivienda, que es para vivir y no un negocio como la convierten los bancos, tenga un alquiler social para que las personas puedan poder vivir allí”, concluye Pilu.