Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
Muchas voces se han levantado estas semanas horrorizadas por el espantoso sufrimiento que para la población civil de Gaza está suponiendo el corte de suministro eléctrico efectuado por el Estado de Israel. Por citar una, Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional, ha afirmado: “Las autoridades israelíes deben restablecer el suministro de electricidad a Gaza de inmediato y eliminar las restricciones aún mayores impuestas […] El castigo colectivo al que se somete a la población civil de Gaza constituye un crimen de guerra y es cruel e inhumano. Como potencia ocupante, Israel tiene la clara obligación en virtud del derecho internacional de garantizar las necesidades básicas de la población civil de Gaza” (https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/10/israel-opt-israel-must-lift-illegal-and-inhumane-blockade-on-gaza-as-power-plant-runs-out-of-fuel/).
No queremos intentar comparar situaciones incomparables en innumerables aspectos, pero hay ideas que son claras: constituye un crimen, cruel e inhumano, cortar el suministro eléctrico a la población civil de un territorio, proporcionando con ello un castigo colectivo a la misma. Y más todavía, si quien realiza el corte, tiene la clara obligación jurídica de garantizar las necesidades básicas de esa población.
En España, las autoridades públicas, que tienen la clara obligación jurídica de garantizar las necesidades básicas de la población que vive en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real (el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid) llevan manteniendo durante más de tres años consecutivos un corte del suministro eléctrico que condena a sus habitantes (más de 4.500 personas, de las que más de 1.800 son niños y niñas) a vivir en condiciones indignas. Lo que en ocasiones se ha venido a presentar casi como un castigo colectivo “justificado” (execrablemente “justificado”), porque entre su población hay productores de marihuana (por ejemplo, por parte del alcalde de Madrid).
La directa responsabilidad de las citadas autoridades públicas en el mantenimiento del corte del suministro eléctrico, y, por consiguiente, las que tienen la obligación jurídica de ponerle fin de manera inmediata, ha sido denunciado reiteradamente por Naciones Unidas (por ejemplo, https://www.ohchr.org/es/2020/12/spain-power-outages-put-childrens-lives-risk-informal-settlement-un-experts), el Consejo de Europa (https://rm.coe.int/cc-206-2022-dadmissandimmed-en/1680a8c283), el Defensor del Pueblo (por ejemplo, https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adopcion-de-medidas-para-asegurar-el-suministro-electrico-a-los-residentes-de-la-canada-real-galiana-2/) y las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos (por ejemplo, Save the Children, https://www.savethechildren.es/actua/luz-para-la-canada-real, y Amnistía Internacional https://blogs.es.amnesty.org/madrid/2022/06/08/amnistia-internacional-exige-en-la-asamblea-de-madrid-que-se-se-reinicie-de-inmediato-el-suministro-electrico-en-canada-real/).
Informe de la situación
Que el corte del suministro eléctrico supone la condena a la población civil (reiteramos, con más de 1.800 niños y niñas) a vivir en condiciones indignas ha sido reconocido por el propio Estado (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19803), así como contundentemente denunciado y explicado en los dos informes más profundos que hasta el momento se han realizado sobre la situación de la Cañada Real: la Clínica Jurídica “Luz para la Cañada” https://t.co/e3MMKWrLnd, y el informe Sir[a] https://www.psicosocial.net/sira/canada-real-salud-mental-corte-luz/.
El crimen, cruel e inhumano, que están realizando nuestras autoridades públicas al mantener durante más de tres años consecutivos el corte del suministro eléctrico en la Cañada Real es, pues, público y notorio. Nuestra indignación como sociedad civil y democrática y la exigencia de responsabilidades y actuaciones inmediatas ha de ser proporcional al mismo.
