Por Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
Las últimas semanas han sido importantes para los habitantes del barrio de Cañada Real. A finales del mes de septiembre se hizo público que el Comité Europeo de Derechos Sociales adoptó, por fin, una decisión sobre el fondo de la demanda que cinco organizaciones de defensa de los derechos humanos presentaron contra el Estado español, en marzo de 2022, por la grave violación de derechos humanos que se viene cometiendo contra la población de Cañada Real a raíz del corte de la electricidad que comenzó el 2 en octubre de 2020 y al que todavía no se ha puesto fin.
Los tiempos del comité son desesperadamente lentos y para que se haga público el contenido de la decisión todavía hay un plazo que puede durar hasta cuatro meses. No obstante, la esperanza de los habitantes de Cañada Real y de cualquier persona que esté preocupada por el respeto y la defensa de los derechos humanos es muy alta, ya que el propio comité europeo se pronunció por unanimidad, en octubre de 2022, exhortando a las autoridades públicas competentes para que, con el fin de evitar un daño grave e irreparable a la vida y la integridad física y moral de sus habitantes, tomasen las medidas que fuesen necesarias para garantizar el acceso inmediato a la electricidad y a la calefacción. Las autoridades siguen haciendo caso omiso de esa exhortación del comité, pero ahora cabe esperar que, ante una decisión final de obligado cumplimiento, el Estado español no pueda si no restituir la electricidad. Lo contrario sería su completa deslegitimación moral y jurídica en el ámbito internacional, incumpliendo sus obligaciones internacionales para hacer primar intereses espurios frente a los derechos humanos más esenciales de sus propios ciudadanos.
Derecho a la vivienda
Y las reivindicaciones de los habitantes de Cañada por sus derechos también tuvieron un especial protagonismo en la multitudinaria manifestación por la vivienda del pasado 13 de octubre, como no podía ser de otra manera, en una lucha por garantizar el derecho a la vivienda frente a la especulación inmobiliaria. Así, en la lectura del manifiesto que se hizo al final de la movilización, en la que participó con voz propia una vecina de Cañada, se hizo explícita referencia al caso de Cañada Real, que supone el incumplimiento del Pacto Regional por las diferentes administraciones que lo firmaron hace siete años, y la grave y continua violación de derechos humanos desde hace cuatro. Por eso, entre las concretas exigencias que se hicieron, se incluyó la del “cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo restableciendo el suministro eléctrico en Cañada Real, facilitando la suscripción de contratos de suministro de energía y creando mesas de trabajo para atender las demandas vecinales”.
No cesaremos en nuestras justas reivindicaciones, que ya son un clamor jurídico y social.
