OPINIÓN.
Las denominadas “reválidas” o pruebas externas vuelven desde hace 12 años por mayo. Fue en 2005 cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por Esperanza Aguirre, se inventó una prueba externa para 6º de Primaria. Abriendo huella para extenderse con el tiempo a 3º Primaria, 4º ESO, Bachillerato… Como en tantas cosas, con unos objetivos aparentes (“mejora de la educación”) y otros reales ocultos, como se confirmó con el paso de los años. De fondo laten modos muy distintos de entender la educación: cooperar o competir.
En lugar de un modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado, para sacar lo mejor de cada cual, estas pruebas se apoyan en un concepto de educación como “carrera de competición”, mostrando unas desigualdades que se deben en buena medida a un proceso de escolarización desequilibrado que potencia la Administración educativa y la austeridad en los recursos invertidos. Se observan por tanto tres aspectos problemáticos: el modelo educativo y su reflejo en el concepto de evaluación y la segregación entre centros.
La CAM ha malutilizado sistemáticamente las pruebas difundiendo durante años un ranking de forma ilegal. Con la nueva ley de educación (LOMCE) se impusieron las pruebas en toda España y se legalizó la publicación de dicho ranking o jerarquía de centros, lo que muestra que era uno de los objetivos de fondo desde sus principios (otras pruebas que no generaban “clasificaciones” se realizaban sin problema —caso de 4º Primaria y 2º ESO—, y dejaron de realizarlas).
Sin embargo, sobre estas pruebas hemos podido leer en el portal informático de la CAM que “tienen carácter formativo y orientador para los centros, para los padres y para los alumnos, y sirven, además, para orientar a la Administración educativa”. Desde luego, para los centros, las familias y el alumnado no tienen capacidad orientadora, ya que la mejor información sobre sus capacidades y avances es aquella que el profesorado proporciona día a día, en las reuniones y entrevistas con las familias, y la que viene reflejada en un documento oficial: el boletín de evaluación. Confiar la determinación de la cualificación a estas edades a una prueba concreta es, a nuestro entender, un desprecio a la labor de evaluación continua del profesorado, una burla a la inteligencia de padres y madres.
En cuanto a la evaluación, puede ser útil si tiene carácter formativo y no selectivo. Desde las familias en general, y en particular el amplio movimiento por la defensa y mejora de la educación pública, sí se quieren pruebas cuyos resultados sirvan para mejorar desde la Administración la calidad de la enseñanza; con políticas reales de inversión en recursos, infraestructura, becas, reducción de ratios y formación y apoyo al profesorado y alumnado. La educación como algo más que un simple número al final de un examen.
Aspiramos a una enseñanza de calidad, participativa, libre y solidaria, que contribuya así a la educación integral del alumnado, en el marco de una escuela pública, laica, pluralista, científica, humanística, no sexista y democráticamente gestionada, que sea consciente de las características de su entorno e integradora de las diferencias del alumnado. Por todo lo expuesto, parece muy oportuno reflexionar sobre la conveniencia de que realicen o no estas pruebas (que no tienen valor oficial para el expediente del alumnado) en las próximas convocatorias de este mes de mayo.
Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAPA Giner de los Ríos).
Delegación Vallecas
