Por Jesús Celada y Emilia Sánchez
La ONU aprobó el 3 de mayo del 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, desde entonces, el Gobierno de España ha ido haciendo cambios para asegurar los derechos que pide la convención, siempre, es verdad, con la presión y la insistencia de los colectivos entorno a la discapacidad, encabezados por CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). Citamos algunos ejemplos: en 2011 dio luz verde a una normativa para adaptar el marco jurídico español a la convención; en 2013 ratificó una Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social; en 2018 se reformó la LOREG para que 100.000 personas con discapacidad puedan votar; en 2020 se modificó también el Código Penal para eliminar una auténtica aberración, la esterilización forzosa de personas con discapacidad, que sufrían, mayoritariamente las mujeres con discapacidad; en 2021 se aprobó la reforma del Código Civil y Procesal, para suprimir la figura de la tutela; y finalmente, se reformó la Constitución, no solo para cambiar la palabra “disminuidos” por “personas con discapacidad”, sino que además se reconoció en la Carta Magna sus derechos, abandonando el modelo asistencial y protector, y fomentando la participación de las organizaciones en la toma de decisiones políticas, reconociendo la singularidad de las mujeres y de las niñas con discapacidad e implicando a todas los administraciones en el fomento de la plena autonomía personal y la inclusión social en entornos universalmente accesibles. Todo eso dice el nuevo artículo 49 de la Constitución.
16 años sin avances
Mientras el Gobierno de España avanza en la conquista de los derechos de las personas con discapacidad, aplicando la convención al marco normativo nacional, ¿qué se ha hecho en la Comunidad de Madrid en estos 16 años? Absolutamente nada. Ponemos solo unos pocos ejemplos, por falta de espacio.
En primer lugar, su gobierno se ha negado a modificar el Estatuto de Autonomía para cambiar la palabra “minusválidos” del texto. Además, rechaza aprobar una ley que garantice los derechos de las personas con discapacidad en nuestra comunidad, diciendo que la de Servicios Sociales que aprobaron en el pasado es suficiente y a pesar de que el CERMI Madrid les ha presentado un borrador. Siguen en la caridad en vez de en los derechos.
Por otro lado, en educación, han apostado claramente por la Educación Especial; ese es el modelo de educación que quieren para las personas con discapacidad. Han creado una dirección general específica de Educación Especial en detrimento de los recursos para la educación inclusiva que marca la Convención. En otro orden de cosas, han aumentado las ratios en las aulas de alumnos TEA (Trastorno del Espectro Autista), pasando de 5 alumnos a 7, aumentando más la dificultad que tiene para el profesorado la gestión de estas aulas.
Lo han hecho sin contar ni con los profesionales, ni con las familias ni con las asociaciones del entorno del autismo. CERMI afirma que las familias y los niños con discapacidad no tienen libertad de elección en esta comunidad, como marca la convención. ”Esta igualdad, hablando de la educación inclusiva de y la libertad de elección, no está garantizada en nuestra región”, señala este colectivo.
