Por Redacción
Más de 20 representantes de la Plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca de Vallekas (PAH) se concentraron el 5 de febrero frente a la sede de los Servicios Sociales de Puente de Vallecas (calle Javier de Miguel) con carteles y consignas del tipo ‘Informes Sociales, nuestro derecho’ y ‘El Ayuntamiento nos deja sin derechos’ para exigir la entrega de los informes sociales de vulnerabilidad que, según explican, han solicitado reiteradamente y no se los dan.
“Son cruciales para frenar nuestros desahucios, solicitar viviendas y, sobre todo, para presionar, defendernos y negociar frente a entidades bancarias, fondos de inversión, inmobiliarias y propietarios particulares de cara a conseguir alquileres sociales”, aseguran desde la PAH de Vallekas.
Al respecto, señalan que, en algunas ocasiones, estos informes son remitidos a las entidades bancarias o juzgados directamente por los Servicios Sociales, pero casi nunca son entregados a los propios protagonistas de esos informes, que son las personas que están luchando por su vivienda. “El resultado de esta situación, es que tenemos 12 negociaciones de alquileres sociales paradas por no contar con este informe social, lo que está poniendo en peligro el futuro de 12 familias de Vallecas y Moratalaz”, se lamentan.
En este punto, aseguran que para los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid entregar estos informes no es una opción que pueda elegirse. “Todas las leyes amparan este derecho (la ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid (BOAM 17/08/2016), la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su Artículo 18, la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que en su artículo 13 y 53”, argumentan. “Estamos cansadas de que en todas las negativas se nos trate con paternalismo y falta de consideración solo achacables a las discriminaciones sociales de renta, raciales y de género”, añaden.
Derecho como ciudadanos
La PAH alude a que es derecho como ciudadanos y ciudadanas la entrega de estos informes, como sucede con los informes médicos o con cualquier otro procedimiento administrativo, por escrito. “En este sentido, es inadmisible que presentemos solicitudes de informes por escrito y registradas oficialmente y que sean contestadas por teléfono y de manera verbal, tal y como está sucediendo. Sin duda, otra muestra de tutela y paternalismo por parte del Ayuntamiento de Madrid”, abundan.
“Somos firmes defensores de los servicios públicos de calidad y en todas las luchas de trabajadores y trabajadoras sociales hemos estado como organización al pie del cañón. Denunciando las agresiones, en el refuerzo de los turnos de tarde, en la defensa de una relación más clara con la Comunidad de Madrid, en las equiparaciones salariales y profesionales, en la convocatoria de plazas para acabar con el interinaje. Con ello, nos duele profundamente que cuando vamos a manifestaciones o participamos de estas luchas seamos una más y cuando nos sentamos cara a cara se nos trate como a menores de edad”, concluyen.
Por último, esperan que esta situación se corrija de inmediato y que los informes sociales de vulnerabilidad sean enviados por escrito y, en caso de no enviarse, la contestación sea también por escrito, “alegando las razones de ese rechazo para que podamos defendernos sin arbitrariedades”, apostillan.
